El Ministerio de Sanidad se marca noviembre como fecha objetivo para que el Consejo de Ministros apruebe en primera vuelta el borrador de la reforma de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Lo ha anunciado el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados este lunes, la primera del número dos de Mónica García desde que comenzó la legislatura. Padilla ha recordado que esta es la reforma normativa de mayor calado en la estrategia ministerial de política farmacéutica, que traerá consigo varias novedades ya avanzadas con anterioridad: un cambio en el sistema de precios de referencia para aumentar la competitividad de los fármacos genéricos y la regulación de la prescripción enfermera.

El alto cargo de Sanidad ha enumerado tres ejes para justificar la hoja de ruta en materia farmacéutica de Sanidad: I+D, una política industrial basada en un cambio del modelo productivo en «un contexto europeo de autonomía estratégica para no depender de otros» y, por último, «acceso y sostenibilidad para incorporar innovaciones terapéuticas garantizando que son sostenibles y que tienen valor». «Hoy tenemos un sistema de incorporación basado en la oferta, pero eso no está relacionado de forma directa con las necesidades de la población», ha dicho antes de recordar que el ministerio también ha impulsado el Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias.

Es en este sentido en el que cobra importancia la creación de la creación de Terafront Farmatech, la primera farmacéutica público-privada española, algo que el secretario de Estado ha valorado por el hecho de tratarse de «la primera vez en la historia» que se pone en marcha un proyecto interministerial que implica a cuatro departamentos: Ciencia y Universidades, Hacienda, Industria y Sanidad.

En cuanto a la futura reforma de la Ley de Garantías, Padilla ha mencionado la incorporación de la capacidad para sustituir medicamentos «en situaciones de escasez» por parte de los propios farmacéuticos de farmacias comunitarias, y también la inclusión de criterios medioambientales a la hora de financiar medicamentos.